La tragedia de Venezuela no es un eslogan político ni una teoría conspirativa. Es una realidad dolorosa que, a inicios del 2026, ha alcanzado niveles de sufrimiento sin precedentes en América Latina. Explicar el colapso venezolano como resultado de una supuesta ambición energética extranjera es una simplificación que ignora el drama humano de más de 8.7 millones de venezolanos obligados a abandonar su país. Para dimensionar esta cifra, es como si casi toda la población de Uruguay hubiera emigrado. Este éxodo, el mayor del hemisferio, no fue causado por potencias externas, sino por el colapso interno de un Estado que destruyó sus instituciones y la dignidad de su gente.
Uno de los daños más profundos ha sido la inversión de los valores sociales. Hoy, ingenieros, médicos y profesores universitarios trabajan en oficios básicos en el extranjero para enviar dinero a sus familias. Dentro de Venezuela, científicos y profesionales sobreviven con salarios que no alcanzan para alimentarse. El conocimiento dejó de tener valor. Esto no fue provocado por empresas extranjeras ni por sanciones, sino por un proyecto político que eliminó la meritocracia y reemplazó la capacidad técnica por la lealtad ideológica.
Durante décadas, la industria petrolera venezolana se sostuvo con capital, conocimiento y tecnología de Estados Unidos y Europa. La perforación y extracción de petróleo, especialmente de crudos complejos, depende de tecnologías altamente especializadas que solo dominan unos pocos países y grandes corporaciones. Venezuela nunca desarrolló esa tecnología crítica de forma autónoma. En los años setenta producía 3.5 millones de barriles diarios gracias a ese acceso. Incluso después de la nacionalización de 1976, PDVSA funcionó con criterios técnicos y profesionales. El quiebre llegó con el chavismo, cuando se expulsó a miles de expertos y se politizó la industria.
Hoy, la producción apenas ronda el millón de barriles diarios. Las instalaciones están deterioradas y la Faja del Orinoco, por su crudo extrapesado, exige inversiones multimillonarias y tecnología exclusiva que el país ya no posee. Aquí se evidencia una diferencia geopolítica clara: Estados Unidos mantiene un interés principalmente comercial y logístico, mientras que China, Rusia e Irán usaron a Venezuela con fines estratégicos. China aseguró petróleo a precios descontados; Rusia ganó influencia política y militar; e Irán convirtió al país en un espacio para evadir sanciones.
En el plano regional, Venezuela fue durante años un pilar financiero e ideológico del Foro de São Paulo. Recursos del Estado venezolano alimentaron campañas y proyectos políticos en América Latina. Hoy, algunos gobiernos guardan silencio o evitan críticas firmes no por convicción, sino por temor a que se revelen apoyos económicos recibidos en procesos electorales pasados.
Cuba ha sufrido el impacto directo de este colapso. La reducción del petróleo venezolano provocó apagones de hasta 18 horas, dejando en evidencia que su modelo dependía del subsidio de Caracas. En Sudamérica, la crisis venezolana ha desbordado sistemas de salud, educación y seguridad en Colombia, Perú y Chile, y ha facilitado la expansión de organizaciones criminales como el Tren de Aragua.
La economía venezolana está devastada. La inflación amenaza con superar el 500% en el primer trimestre de 2026, mientras la represión política ha forzado al exilio a Edmundo González Urrutia y ha empujado a la clandestinidad a María Corina Machado. Resulta incoherente que algunos países otorguen reconocimientos a un régimen que persigue, encarcela y silencia.
Ante este escenario, las actuales autoridades venezolanas deben asumir una actitud responsable: reconocer el fracaso del modelo, cesar la represión, liberar presos políticos y permitir una transición real hacia elecciones libres, con instituciones independientes y respeto a los derechos humanos. Negar la realidad solo prolonga el sufrimiento. Por su parte, la población venezolana, dentro y fuera del país, debe mantener la exigencia pacífica de cambio, preservar la memoria de lo ocurrido y rechazar la normalización del miedo y la miseria.
Venezuela demuestra que el autoritarismo puede convertir a un país rico en recursos en uno pobre en libertades. Un gobierno que necesita cárceles para sostenerse ha perdido toda legitimidad. La reconstrucción no vendrá de consignas, sino del retorno de la justicia, la técnica y la libertad.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.


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