Por Jorge Céliz Kuong
18 de marzo de 2026
Las Fuerzas Armadas del Perú enfrentan hoy un dilema estratégico que trasciende la coyuntura política y se inserta en una tendencia regional creciente de militarización de la seguridad interna. El aumento sostenido de la criminalidad organizada, el debilitamiento institucional de las policías y la presión ciudadana por respuestas inmediatas han llevado a diversos gobiernos a considerar el empleo de capacidades militares en tareas de orden público. Sin embargo, esta aproximación revela tensiones doctrinarias, legales y operativas que no pueden ser ignoradas.
La doctrina militar está orientada a la guerra, la disuasión y la neutralización de amenazas externas, no al control gradual del uso de la fuerza que exige la seguridad ciudadana. Informes recientes de organismos como Naciones Unidas y centros de pensamiento como el International Crisis Group advierten que el despliegue militar en entornos urbanos incrementa la probabilidad de letalidad y violaciones de derechos humanos cuando no existen reglas claras. Casos en México y Brasil muestran reducciones temporales del delito acompañadas de aumentos en homicidios y denuncias por abusos, mientras que Chile ha evidenciado tensiones institucionales en contextos de protesta social. El caso de El Salvador confirma que resultados rápidos pueden lograrse, pero con costos significativos en libertades civiles.
En el Perú, las limitaciones son evidentes. Las Fuerzas Armadas carecen de equipamiento no letal, entrenamiento especializado y marcos legales que les otorguen seguridad jurídica fuera de estados de emergencia. Esta brecha incrementa el riesgo de judicialización del personal y debilita la legitimidad de cualquier intervención. Además, el uso de armamento de guerra en ciudades genera efectos colaterales incompatibles con estándares internacionales de proporcionalidad y necesidad.
Las implicancias estratégicas son claras. Una militarización sin reformas puede erosionar la confianza ciudadana, afectar la imagen internacional del país y desviar recursos críticos de la defensa externa. Asimismo, puede generar dependencia política de soluciones de corto plazo, debilitando el desarrollo de capacidades policiales sostenibles.
Por ello, cualquier participación militar debe sustentarse en una arquitectura institucional robusta. Se requiere una reforma constitucional que delimite funciones, establezca controles civiles efectivos y precise la complementariedad con la Policía Nacional. Deben desarrollarse reglas de empeñamiento claras, alineadas con estándares internacionales, así como definir la competencia del fuero militar policial para evitar vacíos jurídicos.
En el plano presupuestal, es imprescindible crear partidas específicas para equipamiento no letal, inteligencia urbana y sistemas de vigilancia avanzados. Paralelamente, debe invertirse en capacitación continua en derechos humanos y en un sistema sólido de defensa legal institucional. Esto permitirá reducir riesgos, mejorar la eficacia operativa y preservar la moral del personal.
El empleo de las Fuerzas Armadas en seguridad ciudadana no es una solución estructural, sino un instrumento excepcional que exige diseño estratégico, legitimidad legal y control democrático. El Perú debe priorizar el fortalecimiento policial, pero si decide integrar capacidades militares, debe hacerlo con reglas claras, recursos adecuados y supervisión estricta. Solo así podrá equilibrar eficacia operativa y respeto a los derechos, garantizando seguridad sin comprometer su institucionalidad democrática.
En este contexto, la evidencia comparada sugiere que las reformas deben ser graduales, evaluables y acompañadas por mecanismos independientes de supervisión, transparencia y rendición de cuentas que aseguren correcciones oportunas y eviten desviaciones autoritarias o ineficiencias persistentes. Asimismo resulta crucial articular cooperación internacional técnica y financiera para acelerar capacidades y adoptar mejores prácticas globales sostenibles.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
Claro, mientras seguimos lineamientos del pensamiento tímido, y se toman acciones de largo plazo con pinzas; que el caos rebose, que la corrupción lidere y que el crimen se cague de risa. Ya pues Jorge, saca punche.