El Perú atraviesa uno de los momentos de mayor fragilidad política de las últimas décadas. La polarización ha dejado de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en una condición estructural del sistema político. La desconfianza hacia los partidos, el Congreso y los organismos electorales crece de manera sostenida en un país agotado por la confrontación permanente, la inseguridad y el deterioro institucional. En ese contexto, cualquier crisis electoral adquiere una dimensión mucho más peligrosa porque impacta directamente sobre la legitimidad democrática y la estabilidad nacional.
Durante la primera vuelta electoral, ciudadanos, organizaciones políticas y diversos actores formularon denuncias y observaciones sobre presuntas irregularidades administrativas, logísticas y procedimentales, tanto en la jornada electoral como en el conteo de votos. Esa situación ha generado creciente desconfianza pública, polarización política y dudas sobre la legitimidad del proceso. Más allá de confirmar o descartar un fraude —lo que corresponde a investigaciones formales— el Estado tiene la obligación de garantizar no sólo la legalidad de las elecciones, sino también su legitimidad política y democrática ante la ciudadanía.
Ese punto resulta fundamental. En una democracia moderna no basta con afirmar que el procedimiento formal fue cumplido. También es indispensable preservar la confianza colectiva en las instituciones encargadas de administrar el voto. Cuando amplios sectores sienten que sus dudas son ignoradas o minimizadas, el sistema pierde credibilidad y la fractura política se profundiza. Por eso resulta legítimo exigir transparencia, auditorías rigurosas y esclarecimiento objetivo de cualquier irregularidad denunciada.
Sin embargo, existe una línea peligrosa que no debe cruzarse. Una cosa es reclamar investigaciones serias y otra muy distinta es convertir sospechas o “medias verdades” en narrativas permanentes de fraude sin pruebas concluyentes. Cuando el debate político abandona la evidencia y se instala en la lógica de la deslegitimación absoluta, la democracia entra en una zona de desgaste acelerado. El ciudadano termina creyendo que ninguna elección es válida y que toda derrota es consecuencia de una conspiración.
En ese escenario, la responsabilidad de la dirigencia política se vuelve decisiva. La derecha peruana enfrenta hoy un desafío estratégico que va mucho más allá de una competencia electoral. Tiene la obligación de construir unidad, articular consensos mínimos y evitar que la fragmentación interna termine fortaleciendo proyectos radicales que avanzan precisamente sobre el caos, el resentimiento y el colapso de la confianza pública. Líderes como Rafael López Aliaga deben entender que el principal adversario no está dentro de su propio espacio político.
La confrontación permanente, los insultos entre aliados y la descalificación sistemática de las instituciones sólo profundizan la crisis. Cuando sectores políticos se acusan mutuamente de traición, complicidad o cobardía, terminan debilitando al mismo electorado que dicen defender. Esa autofagia política alimenta el discurso antisistema y fortalece a sectores que buscan capitalizar el desorden para presentarse como alternativa de ruptura.
El Jurado Nacional de Elecciones tampoco puede ignorar el impacto político de sus decisiones. La percepción de insuficiente fiscalización, demora o falta de firmeza institucional aumenta las dudas ciudadanas y erosiona la legitimidad del proceso. La autoridad electoral debe comprender que en contextos de alta polarización la transparencia no es únicamente un requisito legal, sino una necesidad estratégica para preservar la estabilidad democrática.
Por ello, el país necesita serenidad e inteligencia política. Las irregularidades deben investigarse con firmeza, pero sin destruir la confianza ciudadana en el voto como mecanismo de resolución democrática. El Perú requiere reformas electorales, mayor control institucional y mecanismos de auditoría independientes que reduzcan cualquier margen de sospecha futura. Pero también necesita líderes capaces de comprender que incendiar las instituciones para obtener ventaja política inmediata puede terminar destruyendo el equilibrio democrático que sostiene la estabilidad económica y las libertades públicas.
La hoja de ruta es clara: fortalecer las instituciones, recuperar la confianza ciudadana y construir una alianza democrática capaz de enfrentar la radicalización sin caer en el extremismo ni en la histeria colectiva. El liderazgo auténtico no consiste en exacerbar el miedo o la indignación, sino en impedir que el país termine atrapado en una espiral de confrontación irreversible.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
0 comments on “La democracia no se defiende incendiando las instituciones”