Cada vez que el océano Pacífico eleva su temperatura, el Perú revive una amenaza que conoce desde hace décadas. Las lluvias intensas, los huaicos y los desbordes de ríos no son fenómenos inesperados. Los grandes eventos de 1983, 1997-1998, El Niño Costero de 2017 y los episodios recientes han confirmado que el país convive con un riesgo recurrente. Lo preocupante es que, pese a esa experiencia, la respuesta pública continúa concentrándose en atender la emergencia antes que en reducir sus causas.
La evidencia demuestra que el principal problema no es el fenómeno climático, sino la fragilidad institucional. Durante años se permitió el crecimiento de ciudades sobre quebradas, cauces y zonas inundables, mientras la infraestructura de drenaje, las defensas ribereñas y los sistemas de prevención avanzaban con lentitud. A ello se suman la débil coordinación entre niveles de gobierno, la burocracia y la discontinuidad de las políticas públicas. El resultado es un ciclo repetitivo de destrucción, reconstrucción y nueva destrucción.
Las cifras reflejan el costo de esa realidad. El Niño Costero de 2017 ocasionó pérdidas superiores a S/ 31 000 millones, equivalentes a cerca del 3 % del producto bruto interno, y afectó a más de 1,5 millones de personas. La experiencia internacional también es concluyente. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres sostiene que cada dólar invertido en prevención puede evitar pérdidas de hasta quince dólares durante un desastre. La diferencia entre prevenir y reconstruir no solo es económica; también representa vidas protegidas, servicios públicos que continúan funcionando y comunidades que mantienen su capacidad de desarrollo.
Los efectos trascienden la infraestructura dañada. Cuando una carretera queda interrumpida, se paraliza el transporte de alimentos, aumentan los costos logísticos y se afecta la actividad productiva. Cuando colapsan los sistemas de agua y saneamiento, crecen los riesgos sanitarios. Cuando las escuelas dejan de funcionar, miles de estudiantes pierden semanas de aprendizaje. Regiones como Piura, Lambayeque, La Libertad y Tumbes conocen desde hace años las consecuencias sociales y económicas de esa vulnerabilidad.
En los últimos años se han impulsado reformas para fortalecer la ejecución de infraestructura pública y acelerar proyectos estratégicos. Sin embargo, los avances siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del desafío. Persisten obras paralizadas, procesos administrativos excesivamente largos y una limitada articulación entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades. Mientras la prevención depende del ciclo político, los riesgos continúan acumulándose.
El contexto climático obliga a cambiar de enfoque. La mayor frecuencia e intensidad de los eventos extremos exige que la gestión del riesgo deje de ser una respuesta coyuntural para convertirse en una política permanente. Ello supone fortalecer el ordenamiento territorial, acelerar los proyectos hidráulicos, ampliar los sistemas de alerta temprana, modernizar el drenaje urbano y priorizar inversiones sustentadas en criterios técnicos y no en intereses políticos de corto plazo.
El Perú no necesita descubrir nuevas soluciones. El diagnóstico existe, los instrumentos técnicos están disponibles y la experiencia internacional ofrece ejemplos exitosos. Lo que falta es continuidad en las decisiones y capacidad para ejecutarlas. Un Estado moderno no se define por la rapidez con la que entrega ayuda después del desastre, sino por su capacidad para evitar que ese desastre produzca pérdidas evitables. El próximo fenómeno de El Niño volverá a llegar. La diferencia estará en si el país decide anticiparse con planificación y responsabilidad o, una vez más, convertir la reconstrucción en el sustituto de la prevención.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
0 comments on “El niño pone a prueba al clima; el Estado, a su capacidad de prevenir”