Decirle la verdad al país: entre el despilfarro y la urgencia de corregir el rumbo

Las recientes revelaciones sobre transferencias irregulares y decisiones de gasto cuestionables del gobierno anterior han encendido una alarma legítima en la ciudadanía. No se trata solo de cifras o tecnicismos contables: lo que está en juego es la confianza pública, el uso responsable de los recursos y la integridad del sistema democrático. Cuando el manejo económico bordea el despilfarro y, eventualmente, posibles ilícitos, el país no puede mirar hacia otro lado ni aceptar fórmulas de “borrón y cuenta nueva”.

Un análisis integral exige distinguir entre errores de gestión y conductas que podrían configurar delitos. En el primer caso, corresponde evaluar la eficiencia, la planificación y la capacidad técnica de quienes tomaron decisiones. En el segundo, el sistema de justicia debe actuar con independencia, celeridad y garantías, para determinar responsabilidades individuales y aplicar sanciones ejemplares. La impunidad, en cualquier nivel, erosiona la legitimidad del Estado y perpetúa prácticas nocivas.

Asimismo, este episodio evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control. La debilidad de los sistemas de supervisión, la opacidad en la ejecución presupuestal y la limitada rendición de cuentas crean espacios propicios para el uso indebido de fondos públicos. La ciudadanía, cada vez más informada, exige no solo explicaciones, sino también reformas concretas que impidan la repetición de estos hechos.

No obstante, el debate no debe quedarse en la denuncia. También es necesario analizar el contexto político y administrativo que permitió tales decisiones: concentración de poder, escasa coordinación interinstitucional y, en algunos casos, una cultura permisiva frente a la discrecionalidad. Sin una revisión profunda de estas condiciones, cualquier sanción será insuficiente para prevenir nuevos casos.
Decirle la verdad al país implica reconocer la magnitud del problema sin caer en simplificaciones ni instrumentalizaciones políticas. La lucha contra el despilfarro y la corrupción no puede ser selectiva ni coyuntural; debe ser una política de Estado sostenida, respaldada por instituciones sólidas y una ciudadanía vigilante.

Conclusiones y propuestas de corrección
Primero, fortalecer los sistemas de control interno y externo, dotándolos de autonomía real y capacidades técnicas avanzadas. Segundo, garantizar la transparencia total en la gestión de recursos públicos mediante plataformas accesibles y auditorías permanentes. Tercero, promover una reforma administrativa que reduzca la discrecionalidad y establezca criterios claros de asignación y ejecución del gasto. Cuarto, asegurar que los procesos judiciales vinculados a estos hechos sean independientes, oportunos y ejemplares. Finalmente, fomentar una cultura de integridad desde la formación de los funcionarios públicos hasta la participación activa de la ciudadanía.
El país no necesita olvidar, sino aprender. Solo así se podrá reconstruir la confianza y encaminar el desarrollo sobre bases de responsabilidad, legalidad y ética pública.
Con indignación y con fuerza Pará sanciones Rafael Aita Campodónico.

Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.