La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia no constituye un simple relevo administrativo. Es el resultado de una elección estrecha y el comienzo de un viraje político que puede modificar el equilibrio andino. El Consejo Nacional Electoral confirmó su victoria sobre Iván Cepeda. El nuevo mandatario tiene un mandato suficiente para gobernar, pero demasiado estrecho para ignorar a casi la mitad del electorado.
La transición ha revelado un preocupante deterioro de las formas republicanas. Gustavo Petro cuestionó el escenario de la investidura, se opuso al uso de instalaciones militares y realizó actos públicos que prolongaron la confrontación política. Cepeda anunció que no asistiría a la posesión y llamó a desarrollar acciones pacíficas y de desobediencia civil. La oposición es legítima; lo preocupante es convertir la transferencia del poder en una prolongación de la campaña. Las tradiciones protocolares expresan continuidad del Estado y reconocimiento de que el poder pertenece a las instituciones, no a quienes temporalmente las ocupan.
La decisión de realizar la posesión en Cali, aprobada por la Cámara, añadió otra señal de excepcionalidad. El nuevo presidente terminó pronunciando su discurso inaugural en un escenario militar. El mensaje fue inequívoco: orden, autoridad y recuperación territorial serán prioridades. Pero la autoridad democrática no se consolida únicamente con uniformes ni discursos de fuerza; necesita resultados, controles y legitimidad.
El desafío de seguridad es enorme. Colombia enfrenta narcotráfico, disidencias armadas, ELN, minería ilegal y redes criminales que disputan territorios y economías ilícitas. De la Espriella promete una ofensiva frontal. La métrica decisiva, sin embargo, no será el número de operaciones militares, sino la recuperación permanente de territorios, la reducción de homicidios y extorsiones, el debilitamiento financiero de las organizaciones criminales y el acceso efectivo a la justicia.
Aquí aparece Washington como factor estratégico. Estados Unidos anunció que busca trabajar con el Congreso para aprobar un paquete de asistencia de seguridad de US$ 1.000 millones para Colombia. El respaldo refuerza la nueva orientación de Bogotá y confirma que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado vuelve a ocupar un lugar central en la relación bilateral. Para Colombia, el desafío será convertir esa cooperación en inteligencia, tecnología, capacidades operativas y fortalecimiento institucional, sin transformarla en dependencia estratégica.
Para el Perú, el giro colombiano abre una oportunidad. Una mayor convergencia entre Bogotá, Washington y otros gobiernos de orientación similar puede impulsar una arquitectura andina contra el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, el lavado de activos y el control fronterizo. Lima debería anticiparse y promover mecanismos permanentes de inteligencia y cooperación amazónica.
El riesgo es que la polarización destruya la oportunidad. De la Espriella debe gobernar sin revancha; Petro y Cepeda deben ejercer oposición sin erosionar la legitimidad del Estado. La hoja de ruta es clara: seguridad con inteligencia, disciplina fiscal con transparencia, cooperación con Estados Unidos bajo control soberano y un pacto democrático mínimo. Si Colombia separa la lucha política de la continuidad institucional, su quiebre puede convertirse en reconstrucción. Si no, la ruptura será el verdadero legado de esta transición.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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