En un mundo marcado por guerras, competencia entre potencias, polarización y desinformación, el poder enfrenta un adversario menos visible que la oposición: la complacencia. Cuando una autoridad se rodea de funcionarios que confirman sus decisiones, la adulación puede convertirse en una falla institucional capaz de distorsionar información, debilitar controles y retrasar la corrección de errores.
La advertencia adquiere especial relevancia en el Perú. El país arrastra una prolongada crisis de gobernabilidad, fragmentación política y desconfianza ciudadana. Entre los principales riesgos nacionales figuran la crisis de gobernabilidad, la crisis de representatividad, la expansión del crimen organizado y la desinformación. La fragilidad institucional se relaciona directamente con la crisis política y el deterioro de la gobernanza.
La corrupción constituye otro indicador de esa fragilidad. La percepción negativa sobre la integridad del sector público confirma que las instituciones enfrentan un serio problema de legitimidad. Cuando la ciudadanía percibe que el Estado funciona para intereses particulares, la autoridad pierde credibilidad y la obediencia deja de sustentarse en la confianza.
En ese contexto aparece el cortesano moderno. Ya no necesita elogiar al jefe. Puede seleccionar qué información llega a su despacho, minimizar advertencias, magnificar resultados favorables o presentar la discrepancia como una amenaza a la unidad. El líder termina rodeado de una realidad administrada. Recibe muchos informes, pero pocas verdades. La consecuencia es peligrosa porque el poder suele castigar las malas noticias antes de admitir que necesitaba conocerlas.
Maquiavelo advertía sobre los aduladores que prosperaban en las cortes; Gracián señalaba los riesgos del autoengaño. La diferencia contemporánea es que las decisiones se toman en entornos más veloces y complejos. Una información equivocada puede afectar la seguridad, la economía, la estabilidad institucional y la reputación internacional antes de que exista tiempo para rectificar.
En las Fuerzas Armadas, la Policía y los organismos de seguridad, el problema adquiere una dimensión estratégica. La disciplina es indispensable, pero no debe confundirse con silencio. La obediencia a una orden legítima no elimina el deber profesional de advertir riesgos antes de ejecutarla. Un comandante que castiga sistemáticamente la discrepancia degrada la calidad de su Estado Mayor. La organización aprende a proteger carreras, no la misión.
La lealtad auténtica consiste en defender la institución incluso cuando hacerlo exige contradecir al superior. Un asesor que advierte una amenaza, un oficial que cuestiona una evaluación deficiente o un funcionario que denuncia una decisión irregular puede prestar un servicio mayor que quienes celebran cada iniciativa.
El Perú necesita convertir esta premisa en práctica institucional. Los órganos de dirección deben incorporar deliberaciones con posiciones discrepantes registradas, evaluación independiente de decisiones críticas, canales seguros para alertar sobre riesgos y protección para quienes formulen observaciones sustentadas. También deben fortalecerse la meritocracia, la transparencia y la rendición de cuentas.
La métrica del liderazgo no debería ser cuántas personas aplauden al jefe, sino cuántas pueden decirle que está equivocado sin temor a represalias. Un poder sin contrapesos internos se vuelve vulnerable cuando más necesita lucidez. El Perú no necesita círculos de complacencia, sino instituciones capaces de producir verdad, corregir errores y resistir la captura por intereses particulares.
La hoja de ruta es concreta en el servicio público: seleccionar asesores por mérito, separar la información técnica de la conveniencia política, institucionalizar el disenso profesional, verificar decisiones sensibles y evaluar a los mandos por resultados, integridad y capacidad de rectificación. Un líder fuerte no es quien elimina la contradicción, sino quien la utiliza para gobernar mejor. El aplauso puede proteger temporalmente al poderoso; la verdad protege al Estado.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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