La estabilidad institucional solo es legítima cuando está acompañada de rendición de cuentas. Esa debe ser una regla central del Estado peruano: proteger a las instituciones de la arbitrariedad política, sin convertir la permanencia de sus autoridades en un privilegio inmune a la evaluación. La continuidad permite planificar, acumular experiencia y ejecutar políticas sostenidas; la responsabilidad evita que esa continuidad termine amparando ineficiencia, negligencia o abuso. Estabilidad sin control produce inmovilismo; control sin estabilidad produce improvisación.
Durante décadas, en el Perú se confundió estabilidad institucional con continuidad personal. La administración pública ha sufrido cambios motivados por coyunturas políticas y decisiones sin criterios técnicos. En la Policía Nacional, esa práctica resulta especialmente costosa: interrumpe estrategias, debilita cadenas de mando y erosiona la experiencia. La Ley N.º 31570 buscó corregir esa fragilidad al establecer dos años de permanencia para el comandante general y limitar el cese anticipado a causales expresamente previstas. Proteger la institución es razonable; convertir esa protección en inmunidad frente al fracaso, no.
La discusión adquiere mayor importancia ante una criminalidad que se transforma con rapidez. El Estado cuenta con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, que articula intervenciones estratégicas y seguimiento periódico. La seguridad no depende de una sola institución, sino de la coordinación entre la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, las municipalidades y otros organismos. El desafío consiste en asegurar que quienes ejecutan las políticas cumplan objetivos verificables.
Por ello, un comandante general no debería ser evaluado por el tiempo que permanece en el despacho, sino por su capacidad para convertir recursos, inteligencia y autoridad en seguridad efectiva. Homicidios, extorsiones, secuestros, sicariato, control territorial, desarticulación criminal, calidad de las investigaciones y confianza ciudadana deben integrar la evaluación. La continuidad tiene valor estratégico cuando permite consolidar operaciones; se vuelve contraproducente cuando protege la pasividad.
La confianza ciudadana constituye la base de toda autoridad legítima. Como advirtió John Locke: «Donde termina la ley, comienza la tiranía». La autoridad no se sostiene únicamente en la jerarquía, sino en el respeto a la ley y en la confianza social. La dignidad del mando no consiste en conservar el cargo a cualquier precio, sino en ejercerlo con honor y saber apartarse cuando la responsabilidad institucional lo exige.
Sin embargo, remover funcionarios mediante leyes improvisadas ante cada crisis repetiría el mismo vicio. La seguridad jurídica exige reglas generales, causales objetivas y procedimientos transparentes. El Ejecutivo debe ejercer su autoridad dentro de la ley; el Congreso debe fiscalizar con firmeza, sin convertir la seguridad en instrumento partidario; y los órganos de control deben aportar evidencia para distinguir entre una dificultad temporal y una incapacidad sostenida.
Este principio debe aplicarse a todas las instituciones del Estado. Ministerios, Fuerzas Armadas, organismos reguladores, entidades de justicia, gobiernos regionales y municipalidades necesitan el mismo equilibrio: estabilidad, meritocracia, autonomía y rendición de cuentas. Ningún funcionario debe ser removido por conveniencia política, pero tampoco permanecer indefinidamente cuando incumple de manera grave y comprobada la misión confiada.
La reforma necesaria consiste en institucionalizar una cultura de desempeño. Los altos cargos deberían trabajar con objetivos definidos, indicadores verificables, evaluaciones periódicas, controles independientes y consecuencias proporcionales. La permanencia debe respaldarse en resultados, no convertirse en privilegio.
El Perú necesita instituciones estables, no funcionarios inamovibles. La hoja de ruta debe combinar estabilidad normativa, meritocracia, integridad, evaluación objetiva y control democrático. Quien cumpla debe tener respaldo y continuidad; quien falle persistentemente debe responder conforme a la ley. La estabilidad debe proteger políticas de Estado, no carreras personales. Solo así la continuidad será experiencia y no privilegio, y el Estado podrá recuperar autoridad, eficacia y confianza ciudadana.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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