El Reino Unido enfrenta una realidad que durante demasiado tiempo pudo parecer lejana: ninguna unión política sobrevive indefinidamente solo gracias a la costumbre. Las alianzas históricas pueden debilitarse, las lealtades territoriales pueden transformarse y el poder que alguna vez pareció incuestionable puede descubrir, de pronto, que sus márgenes de maniobra son mucho más estrechos.
Las recientes declaraciones de Donald Trump desde Dublín, favorables a una eventual reunificación irlandesa y acompañadas de cuestionamientos sobre la posición británica respecto de las Malvinas/Falklands, han añadido incertidumbre al escenario. Trump calificó de “fantástica” una Irlanda unificada y volvió a plantear dudas sobre la capacidad británica para defender las islas. Sus palabras no significan que Washington haya abandonado formalmente a Londres, pero sí introducen una variable inesperada en la denominada “relación especial” entre ambos países.
La presión externa coincide con un momento constitucional particularmente sensible dentro del Reino Unido. El 14 de septiembre, representantes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunieron en Cardiff y suscribieron una declaración conjunta en defensa del derecho de sus respectivas naciones a decidir su futuro. Participaron John Swinney, del SNP; Rhun ap Iorwerth, de Plaid Cymru; y Michelle O’Neill y Mary Lou McDonald, del Sinn Féin. El encuentro constituye una coordinación política inédita, aunque cada territorio mantiene circunstancias y vías constitucionales muy diferentes.
No se trata, por tanto, de tres procesos idénticos. En Escocia, el independentismo continúa siendo uno de los principales objetivos del SNP, pero el respaldo social permanece dividido. En Gales, el apoyo a la independencia es menor y Plaid Cymru ha puesto también énfasis en obtener mayores competencias. Irlanda del Norte posee, en cambio, una vía jurídica específica para modificar su estatus constitucional mediante el mecanismo previsto en el Acuerdo del Viernes Santo.
Westminster tampoco dispone de las mismas herramientas frente a cada caso. En 2022, la Corte Suprema británica determinó que el Parlamento escocés no tiene competencia para convocar unilateralmente un referéndum de independencia porque la Unión entre Escocia e Inglaterra constituye una materia reservada al Parlamento del Reino Unido. La sentencia resolvió una cuestión jurídica concreta, pero no eliminó el debate político sobre el futuro constitucional escocés.
En Irlanda del Norte, las reglas son distintas. El Acuerdo del Viernes Santo consagra el principio de consentimiento: el territorio permanecerá dentro del Reino Unido mientras esa sea la voluntad mayoritaria de sus habitantes. Si existieran indicios suficientes de que una mayoría favorecería la reunificación, corresponde al secretario de Estado para Irlanda del Norte convocar una consulta. Para una eventual Irlanda unificada sería necesario, además, el respaldo democrático tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda.
Las Malvinas/Falklands añaden una dimensión internacional a esta fragilidad. Argentina mantiene su reclamación de soberanía y el gobierno de Javier Milei ha intensificado recientemente sus acciones diplomáticas y legales alrededor de las islas y de la explotación de hidrocarburos. Londres, por su parte, mantiene sin cambios su posición y reivindica el derecho de los habitantes del archipiélago a decidir su futuro.
La guerra de 1982 pertenece a otro equilibrio internacional. Las capacidades militares británicas continúan siendo significativas, pero la diplomacia también forma parte de cualquier mecanismo de disuasión. Si Estados Unidos modificara en algún momento su tradicional posición respecto de la controversia, el contexto político y diplomático cambiaría, incluso aunque las capacidades militares británicas permanecieran intactas.
Allí se encuentra uno de los desafíos centrales de Londres: preservar una unión compuesta por naciones con identidades políticas cada vez más diferenciadas y, al mismo tiempo, mantener influencia internacional en un escenario donde incluso sus alianzas más tradicionales resultan menos previsibles.
El debate sobre el futuro del Reino Unido difícilmente puede resolverse únicamente mediante decisiones judiciales, vetos políticos o apelaciones a la historia. También involucra cuestiones concretas sobre competencias fiscales, autonomía, representación política, distribución de recursos y mecanismos mediante los cuales cada nación puede expresar democráticamente sus aspiraciones.
En Irlanda del Norte existe ya un marco definido por el Acuerdo del Viernes Santo. Escocia y Gales enfrentan situaciones constitucionales diferentes y cualquier eventual modificación de su relación con el Reino Unido requeriría procesos políticos y jurídicos propios.
La cuestión de fondo consiste en determinar si Westminster será capaz de ofrecer un modelo de Unión suficientemente flexible para responder a esas diferencias y, al mismo tiempo, suficientemente cohesionado para conservar legitimidad entre sus cuatro naciones.
Reconocer que el poder británico enfrenta nuevos límites no equivale necesariamente a anunciar la desintegración del Reino Unido. Tampoco las demandas independentistas significan que la ruptura sea inevitable. Los niveles de respaldo son diferentes y las vías constitucionales también.
Pero algo sí ha cambiado: por primera vez, los principales movimientos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte han decidido coordinar públicamente parte de sus estrategias. Esa señal no debería ser minimizada.
La supervivencia de la Unión dependerá, en última instancia, no solo de lo que Westminster pueda impedir, sino también de lo que sea capaz de ofrecer.
Porque una unión política es más sólida cuando sus integrantes desean permanecer en ella que cuando simplemente encuentran dificultades para abandonarla.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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