El país ha quedado paralizado con la violación de un menor de edad al interior del bus escolar que los retornaba al colegio tras una jornada deportiva en la que participaron 15 menores de edad; un delito que habría sido perpetrado bajo la autoría activa de 6 escolares que ya han sido internados en un “centro de diagnóstico y rehabilitación juvenil”, la autoría presuntamente pasiva de 4 escolares que permanecen en calidad de investigados con restricciones y otros 5 escolares que habrían sido exculpados al no haber tenido participación en el execrable hecho; insólitamente, todo ello, en presencia de tres adultos: el entrenador suplente de fútbol, su asistente y el conductor del vehículo.
El último martes un menor de edad salió del centro educativo como parte de la delegación deportiva de fútbol para participar en una competencia inter liceos y regresó violado, desamparado y destrozado psicológicamente. El abominable acto ha sido protagonizado por menores de edad de último año de secundaria de un colegio para estudiantes de clase media con una particularidad, alberga hijos de oficiales de distinto rango de la Marina de Guerra del Perú así como hijos de personal asimilado a la institución. Los primeros testimonios de familiares de la víctima y de padres de estudiantes revelan que el fondo de la agresión imprimida no solo tiene componente sexual sino también rasgos de racismo, clasismo y denota ausencia absoluta de control adulto sobre los menores de edad; se conoce que existe un registro que contiene más de 80 denuncias por violencia sólo en los dos últimos años que compromete a escolares del Liceo Naval, se conoce que quedaron registradas pero también que no se hizo nada para detenerla.
Este hecho escabroso ha puesto en vitrina el trasfondo de la crisis en la formación de futuros adultos; a la crisis expuesta por el descenso de indicadores en comprensión lectora y matemáticas reflejados en la prueba PISA 2025, hay que agregar el incremento en 35.4% de los casos de violencia sexual en los últimos 15 años; además, por lo relatado por docentes, se ha conocido que los criterios para el tratamiento de casos de acoso, bullying, tocamientos indebidos y violaciones son completamente laxos, el escolar no puede ser expulsado por falta grave, tampoco suspendido si amenaza a un profesor, si agrede físicamente a sus compañeros o si comete alguna indisciplina. El criterio implementado apunta a la formación de una “generación cristal”, prácticamente intocable, y la implementación de un marco normativo que ha limitado la capacidad de los centros educativos, del personal docente y administrativo para aplicar sanciones severas ante hechos graves, lo cual nos hace preguntarnos qué futuros ciudadanos estamos formando y cuestionarnos si estamos creando sujetos sin freno, sin valores, sujetos competitivos y en muchos casos desadaptados; algo debe cambiar en el sistema educativo si la sociedad quiere evitar formar engendros que podrían convertirse en los criminales del mañana.
El primer antecedente que registra el relajo de las normas disciplinarias escolares se remonta a junio de 2012 con la emisión del Decreto Supremo 010 MINEDU cuando su titular Patricia Salas reglamentó la Ley 29719 conocida con la “Ley anti bullying”, pero es en 2018 durante el gobierno de Martín Vizcarra que el Ministro de Educación Daniel Alfaro promovió el Decreto 004 que prohibió definitivamente las expulsiones de estudiantes “infractores” inclusive en casos de extrema gravedad, esta normativa terminó de maniatar la autoridad de directores y docentes. Bajo el criterio del interés superior al acceso educativo del “niño agresor”, en la última década las normas aprobadas obligaron a convivir a víctimas con victimarios, a docentes maniatados con escolares desadaptados empoderados; el resultado fue más violencia, mayor impunidad y nula “resocialización”.
Lamentable y nefasto papel de los docentes que acompañaron al equipo estudiantil; alguien puede aceptar sus versiones que se resumen en algo así como “estuve ahí pero sé nada”?. Estos adultos que acompañaron a la delegación no lo hicieron en calidad de convidados de piedra, lo hicieron en calidad de garantes de la cautela de la integridad de los menores de edad y omitieron sus funciones; tienen responsabilidad penal, el grado de ésta deberá ser determinado por las autoridades judiciales, así como la del centro educativo y de la institución a cargo de éste en la cadena de hechos de violencia a lo largo de varios años que no se enfrentó porque lo peor que podría sucedernos como sociedad es permitir la impunidad.
Como sociedad debemos preguntarnos, donde estaban las familias de estos adolescentes “infractores”, donde quedaron los valores y límites que deberían haberles inculcado; al escuchar a algunos de ellos referirse a que “sólo son niños que estaban jugando…” puede apreciarse la profundidad de su desconexión con la realidad, realmente triste y preocupante.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.
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