La desconfianza ciudadana, la ineficiencia estatal y la crisis de representación comprometen el desarrollo nacional. Recuperar la meritocracia y fortalecer las instituciones resulta indispensable para ejercer una verdadera soberanía económica.
La debilidad institucional no solo frena el crecimiento peruano: también limita su soberanía económica. En un mundo de competencia geopolítica, transición energética y comercio fragmentado, disponer de minerales estratégicos y acceso al Pacífico representa una ventaja. Pero ninguna riqueza garantiza desarrollo cuando el Estado carece de continuidad, capacidad técnica y reglas previsibles.
El Perú exhibe una contradicción persistente: una sociedad emprendedora convive con instituciones incapaces de convertir presupuestos en servicios. La rotación de funcionarios, los nombramientos políticos y la confrontación entre poderes paralizan decisiones. Cada gobierno vuelve a empezar mientras inversiones, expedientes y ciudadanos siguen esperando.
El Latinobarómetro 2025/2026 retrata la profundidad del deterioro. Apenas el 9% de los peruanos confía en el Gobierno y otro 9% en el Congreso. Los partidos políticos alcanzan el 10%; la Presidencia, el 13%; el Poder Judicial, el 15%, y la institución electoral, el 17%. No son simples índices de impopularidad: revelan una ruptura entre ciudadanía y autoridades.
La percepción de eficiencia confirma esa distancia. En una escala de uno a diez, el Estado peruano obtiene 3,6 puntos, frente al promedio latinoamericano de 4,7. Comparte con Venezuela la calificación más baja del estudio. La desconfianza no surge únicamente de las disputas políticas, sino también de la experiencia cotidiana de trámites, obras inconclusas y servicios deficientes.
Más grave resulta la crisis de representación: el 90% declara no sentirse representado por el Parlamento y apenas el 9% afirma lo contrario. Es el porcentaje de falta de representación más alto de la muestra, superior al promedio regional del 76%. Ningún sistema democrático puede ignorar indefinidamente semejante señal sin comprometer su legitimidad.
En ese contexto, la Cámara de Senadores debe demostrar que añade calidad a la deliberación pública. Ante una solicitud de delegación de facultades legislativas, su obligación es precisar materias, plazos y controles, no sustituir el examen técnico por cálculos partidarios. Fiscalizar no equivale a bloquear; gobernar tampoco autoriza a eludir contrapesos.
Las consecuencias alcanzan a todo el territorio. Una carretera paralizada encarece productos; un hospital sin personal agrava desigualdades; un proyecto postergado destruye oportunidades laborales. La informalidad, que afecta aproximadamente a siete de cada diez trabajadores, refleja además las dificultades de operar dentro de reglas costosas e imprevisibles.
La respuesta exige instituciones, no salvadores. Los cargos directivos deben asignarse por mérito, con concursos transparentes y evaluaciones verificables. SERVIR necesita autonomía operativa; las contrataciones públicas, trazabilidad digital y sanciones efectivas. También hacen falta partidos fiscalizados, candidatos idóneos y una justicia ajena al reparto de cuotas. Sin continuidad administrativa, incluso los acuerdos mejor diseñados quedan expuestos a cambios improvisados que elevan costos, alimentan arbitrariedades y debilitan la confianza pública ciudadana.
*Recuperar estabilidad no implica eliminar discrepancias, sino construir decisiones duraderas y corregibles mediante evidencia. En minería, energía e infraestructura, el país debe atraer inversiones sin ceder la definición soberana de sus prioridades. La legitimidad se recuperará cuando el Estado produzca resultados medibles, proteja sus capacidades técnicas y responda por cada sol gastado. Solo entonces las ventajas del Perú dejarán de beneficiar principalmente a quienes saben aprovechar sus debilidades.*
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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