El Estado retrocede, el crimen avanza: la crisis de autoridad en el Perú

Jorge Céliz Kuong
29 de octubre de 2026

La expansión del crimen organizado expone las debilidades de un Estado que confunde mayor gasto con seguridad efectiva. Recuperar el orden exige liderazgo técnico, inteligencia estratégica, justicia eficiente y una autoridad capaz de actuar sin interferencias políticas.

La expansión del crimen organizado ha cambiado las reglas de la seguridad en América Latina. Las bandas ya no dependen únicamente de la violencia callejera: administran capitales, utilizan plataformas digitales y establecen vínculos más allá de las fronteras. Frente a esa evolución, el Perú mantiene respuestas fragmentadas, operaciones de corto alcance y anuncios oficiales cuya eficacia rara vez se demuestra.

El deterioro tiene una dimensión verificable. Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el 25,3 % de la población urbana mayor de quince años fue víctima de algún delito en 2025, mientras el 84,4 % temía sufrirlo. El Ministerio del Interior registró 26.585 denuncias por extorsión ese año, frente a 22.361 en 2024. Detrás de esos números aparecen transportistas amenazados, pequeños comerciantes sometidos al cobro de cupos y comunidades que modifican sus rutinas por miedo.

Sin embargo, aumentar presupuestos no equivale a recuperar autoridad. La seguridad depende también de cómo se distribuyen los efectivos, quién dirige las operaciones y qué resultados se exigen. Destinar policías a tareas administrativas prescindibles, mantener vehículos sin mantenimiento o nombrar mandos por conveniencia política debilita la presencia estatal precisamente donde más se necesita.

El desafío exige abandonar la idea de que patrullar más basta para desarticular organizaciones complejas. Una red de extorsión puede continuar funcionando después de numerosas capturas si conserva sus cuentas, sus comunicaciones y sus mecanismos de reclutamiento. Por eso, la investigación financiera, la inteligencia criminal y la cooperación entre instituciones deben tener prioridad sobre los operativos concebidos únicamente para producir imágenes televisivas.

La cadena de seguridad tampoco termina en la comisaría. Sin pruebas correctamente obtenidas, fiscales especializados y decisiones judiciales oportunas, las investigaciones pierden eficacia. La libertad concedida por falta de elementos suficientes no constituye, por sí misma, una falla del juez: también puede revelar deficiencias policiales o fiscales. A ello se suma un sistema penitenciario que necesita impedir que las cárceles funcionen como centros de coordinación criminal.

Esta debilidad tiene un costo económico y democrático. La extorsión reduce márgenes de los negocios, encarece servicios y desincentiva inversiones. Más grave todavía, cuando el ciudadano percibe que debe negociar su tranquilidad con delincuentes, empieza a reconocer en ellos un poder que corresponde exclusivamente a las instituciones legítimas.

La respuesta requiere una reforma medible, no otra declaración de emergencia. Corresponde reorganizar el despliegue policial según evidencia territorial, profesionalizar los ascensos, fortalecer las unidades de investigación y conectar bases de información bajo controles legales estrictos. También resulta indispensable evaluar tiempos de investigación, calidad de las pruebas, sentencias y reincidencia, en lugar de celebrar únicamente detenciones.

El Estado puede recibir cooperación internacional, pero debe conservar el control soberano de sus prioridades y decisiones. La firmeza que necesita el Perú no consiste en suspender garantías ni multiplicar gestos de fuerza. Consiste en ejercer la ley con competencia, continuidad y supervisión democrática. Solo una autoridad que produce resultados sostenibles recupera la confianza que hoy pierde frente al crimen.

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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de división en retiro, excomandante general del Ejército del Perú, especialista en seguridad y defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE. UU. y la ONU.